En vísperas de la XL Asamblea General de la OEA, organizaciones de la sociedad civil denuncian intentos de restringir su participación en actividades de la organización regional. El tema de disenso: "corrupción pública".
“Paz, seguridad y cooperación en las Américas” es el tema central de la cuadragésima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebrará del 6 al 8 de junio en Lima, Perú.
El proyecto de declaración de la OEA, en Lima, recoge entre sus principales compromisos el de profundizar la cooperación interamericana para la prevención y solución pacífica de los conflictos y la transparencia en la adquisición y el control de armamentos por parte de los Estados miembros. Sin embargo, junto a estos temas concretos de paz y seguridad, la propia OEA y diversas organizaciones de la sociedad civil identifican la corrupción (especialmente en el sector público) como “una de las principales amenazas a la seguridad de las Américas”.
Y es por eso que entre los más de 80 proyectos de resoluciones y declaraciones que esperan la aprobación de los cancilleres americanos, no sólo destacan la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales (CITAAC) o contra la Fabricación y el Trafico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), sino además el seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción y el Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción.
Sociedad civil vs. corrupción: informes paralelos
Prácticamente todos los países miembros de la OEA - salvo Barbados - han ratificado y firmado la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), confirmó a DW-WORLD Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional – red de organizaciones no gubernamentales de lucha contra la corrupción con sede en Berlín. Pero “firmar un instrumento internacional es una decisión política de imagen de los países”, que no garantiza su cumplimiento, agregó Salas.
De ahí que la propia OEA cuente con un “Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción” (MESICIC), según el cual los gobiernos firmantes tienen la obligación de emitir informes periódicos sobre la implementación de las recomendaciones de la convención. Adicionalmente, el MESICIC permite que la sociedad civil elabore informes paralelos o alternativos, que complementan o contrastan la información proporcionada por los Estados.
La Convención Interamericana Contra la Corrupción prevé, por ejemplo, el registro de conflictos de interés de los funcionarios públicos, las declaraciones patrimoniales, la autonomía e independencia operativa de los órganos de control, la regulación de las compras y contrataciones públicas, el servicio civil de carrera de los funcionarios públicos, la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, la colaboración entre Estados en casos de corrupción, además de la propia participación de la sociedad civil en el monitoreo de la convención.
“La OEA mantiene históricas relaciones de cooperación con la sociedad civil, sin embargo, en los últimos años ha habido una nueva tendencia promovida de manera muy fuerte por el Gobierno de Venezuela, que promueve que la legislación de cada país (que decide quién es sociedad civil y quién no), también se aplique en la OEA”, denunció Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional.
Venezuela: ¿”bloqueo selectivo” a la sociedad civil?
326 OSC se habían registrado en la OEA hasta el 28 de abril último. Ellas gozan del derecho a asistir a reuniones de la Asamblea General, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) u otras conferencias especializadas, presentar y recibir documentos y hacer sugerencias para incluir en la agenda.
La OEA define a las Organizaciones de la Sociedad Civil como “toda institución, organización o entidad nacional o internacional integrada por personas naturales o jurídicas de carácter no gubernamental”. Y esto incluye a ONGs, instituciones académicas, universidades, el sector privado, grupos religiosos y asociaciones profesionales.
Sin embargo, en esta cuadragésima asamblea podrían aprobarse nuevas Estrategias para Incrementar y Fortalecer la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA, “de acuerdo con la legislación interna de los estados miembros”. A favor de la modificación se ha posicionado el gobierno de Bolivia. En contra se pronuncian ONGs como Transparencia Internacional, en Berlín, y su capítulo venezolano Transparencia Venezuela, Freedom House, en Washington, y los gobiernos de EE.UU., Canadá, El Salvador, Brasil y Chile, aseguró a DW-WORLD Alejandro Salas, de Transparencia Internacional.
El gobierno venezolano rechaza la legitimidad Transparencia Venezuela como organización de la sociedad civil, de acuerdo con la legislación vigente en el país, que invalida a quienes reciben “subsidio externo”. En consecuencia, los informes de la organización han sido rechazados por la OEA, “por haber recibido fondos de cooperación de EE.UU., o porque algunos miembros hayan estado vinculados a la oposición al Gobierno del presidente (Hugo) Chávez”, explicó Salas. “Hay una estrategia de bloqueo selectivo de la sociedad civil. Y cuando se trata de evaluar las medidas anticorrupción se necesita un ‘ojo crítico’, autónomo, así que si el Gobierno elige quién quiere que lo califique se pierde este espíritu”, agregó.
Avances en acceso a la información pública
Según los estudios comparativos de Transparencia Internacional – organización reconocida por la OEA – los mayores avances de los gobiernos de la región en el cumplimiento de sus compromisos con el MESICIC para implementar la convención contra la corrupción se observan en la promulgación de leyes y medidas de ampliación del acceso a la información pública – especialmente en países como México, Chile, Perú o Uruguay; además de la modernización de las estructuras del Estado y los sistemas de contratación de funcionarios públicos.
“Poca protección para quien denuncia en América Latina”
Entre los temas en que menos se ha avanzado Transparencia Internacional reconoce la protección de ciudadanos o funcionarios públicos que denuncian actos de corrupción. “Hay muy poca protección para quien denuncia en América Latina y lamentablemente es un asunto generalizado, es una tendencia regional”, lamentó su director regional para las Américas. Pero, la corrupción no se limita a las fronteras de un país. Para que funcione un mecanismo de carácter regional, es importante que haya asistencia y cooperación entre los países “y ahí se ha avanzado muy poco”, agregó Salas.
Al finalizar la cuadragésima Asamblea General de la OEA, la declaración de Lima recogerá además el compromiso de los Estados a enfrentar la pobreza extrema, la inequidad y la exclusión social, los efectos de los desastres naturales, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, o de armas, el lavado de dinero, el terrorismo, el secuestro, las pandillas delictivas y los delitos cibernéticos.
Pero, uno de los retos fundamentales – prevé el funcionario de Transparencia Internacional – está en conservar las históricas y transparentes relaciones de cooperación de la OEA con la sociedad civil, para el monitoreo alternativo, independiente, del cumplimiento de los compromisos contraídos por los gobiernos.
